COMISION 1:

Derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad: políticas públicas, legislativas y programas

Se abordaron los siguientes temas: La persona humana y las relaciones de familia, suicidio adolescente, delitos contra la integridad sexual de la mujer y violencia de género; adicciones, adopciones, embarazo adolescente, medidas de protección y legislación integral de niñez y adolescencia y la recomendación de estudios de prospectivas en materia NAF en vinculación las temáticas anteriores.

Recomienda:

  1. Desarrollar programas de prevención especifica en cada uno de los temas tratados en base al modelo multidimensional (que reconoce la existencia de factores predisponentes y desencadenantes macrosociales, microsociales e individuales) trabajando intersectorialmente la prevención específica.
  2. - Abordar la prevención inespecífica a través de la difusiónlos siguientes ejes: derechos de niños/as y adolescentes, conocimiento y prevención de conductas de riesgos y detección temprana de personas en situación de vulnerabilidad por estar involucrada en alguna de las problemáticas trabajadas.
  3. -Desarrollar la visión sobre estas problemáticas de niños/as, adolescentes y Familias a fin de contar con políticas de Estado a largo plazo, objetivos estratégicos, objetivos de cumplimiento a corto plazo con el objetivo de monitorear si se alcanzan las metas propuestas.
  4. Informar y capacitar en competencias y habilidades personales a todos los operadores niñez, adolescencia y familia sobre las temáticas abordadas, con énfasis en la mirada de la Salud como un derecho humano que debe satisfacerse en todo momento no solo en caso de enfermedad involucrando a todos los actores responsables ,brindando información científica, objetiva, precisa libre de prejuicios y preconceptos.
  5. -Crear redes regionales entre los tres poderes del Estado, ONG, OSC, Universidades y la sociedad civil, diseñando Protocolos de actuación ante situación de vulneración vinculadas con las problemáticas tratadas para dar efectividad al tratamiento de las mismas.
  6. -Territorializar los servicios, diseñar, planificar e implementar programas y proyectos con máxima participación las familias en toma de decisiones colectivas. Revisando las practicas y condiciones de alojamiento de niñas, niños y adolescentes en ámbitos de cuidados alternativos residenciales.
  7. -Asignar recursos para la implementación de programas a corto y/o largo plazo para efectivizar los derechos de niños/as y jóvenes como tarea de todos los actores sociales , con articulación del trabajo de los protagonistas del Sistema de Protección ((Salud, Educación, Cultura, Recreación, Deportes, Justicia)
  8. -Diseñar y abordar una agenda regional, situada partiendo de legislación, practicas, doctrina y jurisprudencia latinoamericana tendiente al abordaje de las diferentes temáticas tratadas en la comisión.

 Comisión N° 2:

 Derechos humanos, familia, niñez, adolescencia y justicia.

 Recomienda:

  1.  1.      Que en materia de representación de incapaces, se suspenda excepcionalmente del ejercicio de la autoridad parental a los progenitores con padecimientos mentales. En este sentido, se observa como auspicioso el tránsito de la patria potestad a la responsabilidad parental en adolescentes padres a fin de tener en cuenta la opinión de éstos en función de la capacidad progresiva y la autonomía de la voluntad.
  2. 2.      Que en materia de delitos contra la integridad sexual, la celeridad de las intervenciones asistenciales y jurídicas posibilite el restablecimiento de los derechos vulnerados y la no vulneración de otros, como el derecho alimentario, expidiendo el juez un certificado de deuda alimentaria que permita a la víctima percibir los beneficios sociales que puedan corresponder.
  3. 3.      Que se garantice la tutela judicial efectiva de niños, niñas y adolescentes que comprende el derecho de acceso a la justicia, a contar con defensa letrada, a ofrecer prueba y a obtener una sentencia fundada en derecho en un plazo razonable, es decir, un debido proceso en el que sean considerados partes del
  4. 4.      Que la aplicación de la figura del abogado del niño compatible con el paradigma del niño como sujeto de derechos y capacidad progresiva para su ejercicio, requiere: a) regulación de su capacidad procesal, b) procedimientos fundados en la oralidad, la inmediatez y la interdisciplina; c) políticas y programas públicos que promocionen la figura para que llegue a conocimiento del niño su existencia y que organicen la oferta de servicios de asistencia letrada y patrocinio gratuito. Para la efectividad de la defensa técnica, debe ser una labor remunerada por el niño, los padres o el Estado, según las circunstancias.
  5. 5.      Que en la fijación de la razonabilidad del plazo debe tenerse especial consideración que se trata de un concepto abierto e indeterminado, con pautas de interpretación: complejidad de la cuestión, actividad procesal de la parte interesada y conducta de las autoridades judiciales. El Asesor de Menores constituye una herramienta esencial para contrarrestar la vulnerabilidad del niño o enfermo mental por el transcurso de un plazo excesivamente irrazonable.
  6. 6.      Que se prevea el ejercicio de acciones colectivas a fin de restaurar el goce de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en función del principio de máxima exigibilidad e interés superior. En cuanto a la legitimación activa, debe requerirse la configuración de un interés razonable en la promoción de acciones colectivas vinculadas con estos derechos.
  7. 7.      Que a los fines de resguardar el derecho a la identidad en la adopción, se derogue la irrevocabilidad de la adopción plena y se establezca la obligatoriedad hacia los padres adoptantes de hacer conocer la realidad biológica del adoptado, debiendo el juez citarlos dentro de un plazo preestablecido a una audiencia en la que conste que se ha cumplido con este compromiso.
  8. 8.      A los fines de resguardar el Derecho a la identidad, deberán propiciarse programas educativos para padres adoptivos por parte de Equipos Interdisciplinarios especialistas, a los fines de comprender e internalizar los modos de decir a sus hijos su origen y comprender la importancia de trasmitir esta verdad biológica.
  9. 9.      Que se tienda a regular sobre el cambio de nombre, en forma más flexible, permitiendo acompañar la evolución de la personalidad de niños, niñas y adolescentes y las vicisitudes relacionadas con la construcción de su propia identidad.
  10. 10.  Que se contemple la desigualdad que se genera entre los niños nacidos mediante Técnica de Reproducción Asistida (TRA) y los niños adoptados –con relación al derecho a conocer sus orígenes- y le legisle para posibilitar herramientas para que una vez alcanzada su madurez y en función de su capacidad progresiva, puedan acceder a conocer su realidad biológica.
  11. 11.  Quelegisle para la admisión de una acción de conocimiento de identidad biológica al solo efecto de proporcionar información genética al niño concebido a través de las TRA, en aras de la protección de otros derechos, como el derecho a conocer la historia genética familiar y en función de la capacidad progresiva del niño y/o adolescente que lo solicite. 
  12. 12.  Que se respeten los derechos y garantías de niños/as y adolescentes y que se alcance por igual a todos ellos, con independencia de su edad y de las diferentes modalidades de ejercicio.
  13. 13.  Que se respete el derecho humano del niño desde su nacimiento a mantener contacto y comunicación regular con sus abuelos y a ejercer, las acciones conducentes a hacer efectivo ese derecho. El contacto con sus abuelos debe ser la regla y no la excepción, por ello, pesará sobre quien alegue peligro o inconveniencia de ese contacto la prueba de los hechos reveladores de tales circunstancias.
  14. 14.  En los supuestos en que existan fundadas sospechas de intereses contrapuestos entre el niño/a o adolescente y sus padres ante un reclamo judicial promovido por los abuelos, el Juez deberá designar un tutor especial que represente a aquéllos.
  15. 15.  Los Estados Latinoamericanos , deberán arbitrar las medidas necesariasque los procedimientos judiciales en materia de niñez, adolescencia y Familia, respeten los principios de Oficiosidad, Celeridad y Economía procesal a fin de lograr el respeto pleno de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, en forma rápida y eficaz, contando con un Equipo Interdisciplinario   que permitan tener una visión integral del problema humano.

Comisión 3:

Derechos Humanos de Niños y Adolescentes Infractores: Sociedad, Estado y Justicia

 Recomendaciones generales

  1.  Que los Estados Latinoamericanos en materia penal y procesal juvenil adecuen su normativa interna a los estándares emergentes de los instrumentos internacionales que conforman el Corpus Iuris para niños-niñas y adolescentes consagrado por la C.I.D.H. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) en el informe sobre Derecho Penal Juvenil en las Américas del año 2011.-
  2. Que en los países de Latinoamérica que tengan establecida una edad   de punibilidad penal diferenciada,   no se permita la reducción de esa edad instituida, en ulteriores reformas   legislativas por ser contrario a la normativa internacional   plasmada como estándares internacionales detallados en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2011 que consagra el principio de no regresividad, de aplicación obligatoria para los países de América Latina que conforman la OEA y ONU,.
  3. Que los niños y niñas no punibles en supuesto conflicto con la ley penal no sean sometidos a proceso penal judicial, quedando a salvo la facultad del niño y niña a ejercer el derecho de defensa en los procesos administrativos y en   la investigación del hecho que cada Estado disponga según su legislación procesal .
  4. Que las medidas socio-educativas respecto de niños y niñas no punibles en conflicto con la ley penal sean adoptadas por órganos responsables con profesionales especializados y con el debido y efectivo control judicial, garantizando el efectivo derecho de acceso a la justicia de todos los niños y niñas con derechos vulnerados o que hayan vulnerado derechos de terceros conforme las “Reglas de Brasilia” consagradas y ratificadas por los Tribunales Superiores de los Poderes Judiciales de América Latina .-
  5.  Que en las legislaciones internas los Estados Latinoamericanos incorporen normas que contemplen mecanismos de justicia restaurativa para restablecer la armonía social desestabilizada por el conflicto penal, con una mirada socio construccionista y psicosocial que introduzca también cambios sustanciales en las políticas de infancia y adolescencia que contemple al joven en su integralidad.-
  6.  Que en las legislaciones internas los Estados Latinoamericanos se incorporen normas de procedimiento que garanticen a los niños y niñas víctimas y testigos el derecho para no ser revictimizados.
  7. Se dicten normas procedimentales que establezcan derechos prevalentes de niños, niñas testigos y victimas de delito que protejan efectivamente el derecho de las victimas a ser protegidas por el Estado.-
  8.  Que las legislaciones internas de los Estados Latinoamericanos incorporen normas, procedimientos y órganos judiciales y administrativos específicos y con probada especialización en niñez y adolescencia para el juzgamiento y la atención social de los niños niña y adolescente en conflicto con la ley penal.- 
  9. Que las legislaciones internas de los Estados Latinoamericanos prioricen presupuestariamente la creación de programas socioeducativos inclusivos para niños y niñas vulnerados en sus derechos, para infractores a la ley penal sin perjuicio de su no punibilidad y para su padres, a los fines de lograr la defensa de sus derechos en forma integral y evitar la reiteración de hechos que perjudican a los mismos y a la sociedad en general.-
  10. Que cuando sea solicitada la Suspensión de Juicio a prueba, “Probation” en los casos que sea procedente conforme la legislación nacional, se acuerde la misma independientemente del delito que se imputa y el monto de la pena cuando el imputado sea menor de 18 años, o la establecida según el Régimen legal teniendo en cuenta los principios que emergen de los instrumentos internacionales, la legislación nacional interna y las normas vigentes en algunas regiones   o estados provinciales (Convención Internacional de los Derechos del Niño, artículos 3, 37, 40 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, Reglas de Beijing, artículos 26, 27, 76 bis, 76 ter y cc. del Código Penal, artículos 5, 26, 30 c.p.p. 119, 150, 151 y cc, ley 6.354 de la Provincia de Mendoza Argentina. 
  11. Que respecto de los jóvenes sometidos a regímenes especiales, menores de 18 años, cuando se cumplan los requisitos legales previstos para la Suspensión del Juicio a Prueba de buena conducta, “Probation” sea interpretado a la luz de las convenciones internacionales referidas a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la legislación nacional vigente, se otorgue el beneficio aun en los casos de delitos contra la integridad sexual por ser normas de valoración prevalente, teniendo en cuenta   lo previsto por la Convención de Belén do Pará.- 
  12. Que en estos casos se garantice a través de programas o equipos técnicos el seguimiento efectivo y eficaz de su conducta y el cumplimiento de las normas establecidas en el auto de concesión del beneficio de Suspensión de Juicio a prueba de buena conducta.-

 Recomendaciones regionales especificas:

 

  1. Que en la República Argentina no se reduzca la edad de punibilidad manteniéndose el límite de 16 años de edad, conforme el principio de no regresividad, consagrado en los estándares internacionales detallados en el informe de la Comisión Interamericana De Derechos Humanos del año 2011.-
  2. Que en la República Argentina se incorpore a la legislación interna una norma expresa que disponga que en materia penal juvenil el tiempo que debe transcurrir para que opere la prescripción de la acción penal es el que resulta de aplicar la escala reducida que prevé el art. 44 del Código Penal Argentino. 
  3. Que en la legislación especial procesal de la provincia de Mendoza en la República Argentina (ley 6354) se establezca que el órgano judicial competente previo a resolver sobre una medida de carácter proteccional de vista o traslado de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal y a la Defensa del o la adolescente.-

COMISION 4:

Derechos humanos, violencia de género familiar maltrato infantil ¿Alineación parental?

Recomienda:

1.- La sanción como delito o la modificación legislativa de los países latinoamericanos que ya tengan previsto el “impedimento de contacto con el padre no conviviente”, en el sentido de sancionar al padre, madre o tercero que ilegalmente impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes, debido a que la obligación de permitir el contacto es un deber legal y -un derecho humano de los niños o niñas a una adecuada comunicación con el progenitor/a no conviviente, proponiendo que se agrave la pena privativa de la libertad y se agregue la de multa.

2.- Crear organismos para la detección y el seguimiento de situaciones familiares donde se obstruya o impida el contacto del niño con ambos progenitores con el objeto de brindar una protección psicológica a las partes y lograr el restablecimiento del vínculo.

3.- Realizar trabajos interdisciplinarios e interinstitucionales para prevenir o hacer cesar la situación de obstrucción de contacto   con el padre no conviviente.

4.- Compromiso moral y jurídico de priorizar ante cualquier situación, resolución o medida los derechos humanos de los niños y niñas, consagrados en los instrumentos internacionales.

6.- Implementar prácticas restaurativas en las escuelas, para evitar el bullying ó Violencia escolar.

7.- Que la legislación procedimental o de forma incorpore un Capítulo donde contemple el monitoreo de las causas judiciales en los procesos de violencia familiar con un modelo de seguimiento y control especializado, eficaz y cierto .

8.- Que se evalué en forma uniforme a los procesados y/o condenados por delito contra la integridad sexual utilizando el Manual SVR20 adaptado a la población latinoamericana el que nos ayuda a predecir la violencia.

9.- Se apliquen Programas científicamente diseñados a los fines de prevenir la violencia y reiteración de delitos contra la integridad sexual, de acuerdo a los perfiles y a las necesidades de los privados de libertad por delitos contra la Integridad Sexual    

10.- Se capacite a los profesionales y técnicos que conforman el Organismo Técnico Criminológico (OTC) y/o los equipos técnicos de prisiones, peritos forenses   en la evaluación de los procesados y / o condenados por   delito contra la integridad Sexual en   este tipo de instrumentos.

 

 

 
 
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